¿El boxeador Felix Verdejo enfrentará la pena de muerte?
La contestación es compleja.
La Constitución de Puerto Rico prohibe la pena de muerte sin embargo, residentes de Puerto Rico pueden enfrentar la pena capital, si cometen delitos que sean certificados ante eso.
Desde que el Gobierno de Puerto Rico ha expandido los Memorandums de Entendimiento, con las autoridades federales, ha habido una expansión significativa de la utilización del disuasivo de la pena de muerte para acusados a nivel federal.
De ordinario, el proceso requiere que una vez radicado los cargos formalmente, se le notifique al acusado la potencialidad de que, de ser hallado culpable, pueda enfrentar la pena capital. Una vez comienza el proceso, los fiscales federales requieren de una autorización del Departamento de Justicia para buscar la pena capital. Allí un comité es quien evalúa y hace una recomendación al Secretario de Justicia para autorizar la pena capital.
Una vez esto ocurre, el proceso requiere un segundo caso, por separado, donde el imputado se le asignan abogados especializados en casos de pena de muerte. Allí se presentan argumentos a favor y en contra, y en última instancia es un jurado quien tiene que decidir si en efecto le aplica la pena de muerte o no.
Un acusado que puede enfrentar la pena capital, tiene acceso a abogados especialistas en este tipo de caso, costeados por el gobierno federal.
Las visiones sobre la pena de muerte ha ido cambiando en los Estados Unidos. Según The Associated Press un informe reciente encontró que alrededor del 40% de los condenados a muerte federales son negros, en comparación con aproximadamente el 13% de la población de EE. UU y Con el creciente escrutinio de quién es condenado a muerte y por qué, el apoyo a la pena de muerte ha disminuido y, en general, se realizan menos ejecuciones.
De hecho, la administración de Joe Biden ha dado señales que estarían dispuestos a poner un detente a la autorización de nuevas ejecuciones a nivel federal, así que sería cuesta arriba para unos fiscales hacer una petición.
Y aún recibiendo la autorización para formalmente radicarlos, los fiscales necesitarían un jurado de 12 a 0 para lograr que se aplique la pena capital, algo que nunca ha ocurrido en Puerto Rico con un jurado compuesto por ciudadanos puertorriqueños.
